La eterna crisis del aceite de oliva

Los precios en origen no despegan pese a la baja cosecha

Coag exige a la Comisión Nacional de la Competencia que investigue si hay abusos

Ni cuando sobra ni cuando falta, el sector olivarero no logra despegar. Unos años es la existencia de unas producciones muy elevadas las que hacen los precios hundirse; y otros, como en la campaña pasada, pese a que la cosecha estuvo bajo mínimos, la realidad es que los precios en origen tampoco despegan. Al sector no le salen los números, pese a que la campaña comenzó con mejoras en los precios. El Ministerio de Agricultura justifica la situación por la caída de la demanda global. Los sindicatos agrarios, sin embargo, acusan a la distribución de haber presionado para mantener los precios bajos.

Desde la campaña de 2008 y 2009, con producciones elevadas que llegaron a 1,6 millones de toneladas, los precios se vinieron abajo hasta 1,60 euros el kilo para un tipo de aceite lampante de calidad media.

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La pasada campaña, sin embargo, como consecuencia de unas condiciones climatológicas adversas, la cosecha se quedó en las 613.000 toneladas. El sector esperaba que, como consecuencia de la reducción de la oferta, se elevaran los precios y por tanto, los niveles de renta. Las cotizaciones en origen iniciaron una escalada en los meses previos al inicio de la campaña. Sin embargo, los precios han vuelto a la línea bajista para situarse en una media de 2,30 euros para un tipo de aceite de oliva virgen y menos de 2,20 euros para un tipo lampante.

El consumo de aceite de oliva se redujo un 3,6% en 2012 con respecto a 2011, según el último panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, de diciembre. La organización agraria Coag, sin embargo, insiste en que la caída de los precios responde principalmente a la estrategia de los grandes grupos de distribución, que usan el aceite como un producto reclamo a precios reducidos para captar clientes, llegando incluso a venderlo con ventas a pérdidas. Coag ha exigido a la Comisión Nacional de la Competencia que investigue si se ha incurrido en prácticas contrarias a la libre competencia.