La inflación destruye la economía regional

Muchos de los grandes problemas de las economías regionales no encuentran solución porque están sometidas a las políticas nacionales.

Cada día que pasa se escuchan quejas más fuertes y justificadas sobre las graves dificultades
 que están enfrentando las economías regionales, en particular el sector agroindustrial de nuestra 
provincia. No es para menos. Hay serios problemas estructurales que no se han podido corregir
 porque la mayor parte de ellos son el resultado de las políticas nacionales pero también
 de acciones provinciales erróneas. 

Ahora se agregan factores coyunturales que agravan la situación de la economía. Entre los factores
 estructurales que deben computarse está el enorme cambio en los precios relativos, consecuencia de
 los desequilibrios introducidos por la constante y creciente intervención del Estado, en particular la
 arbitraria política de fijación y control de precios. El otro factor que viene a agravar las consecuencias 
de la política de precios es que la inflación se ha tornado crónica, vamos por el octavo año de alta
 y creciente inflación. Ese escenario, en cualquier época que ocurrió produjo un profundo deterioro de
 la economía local. 

Resultado de esa combinación letal para la economía de Mendoza ha sido el atraso del tipo de cambio, 
que duró por lo menos un lustro y provocó daños hasta ahora irreversibles en la competitividad de las 
exportaciones de vinos, frutas, aceite de oliva, aceitunas, hortalizas y legumbres. La devaluación de enero 
de este año ha tenido poco impacto efectivo. Hay consenso tanto técnico como empresarial en que los
 efectos ya se evaporaron pero el constante incremento de los costos de producción sigue semana a 
semana. Frente al enorme desequilibrio entre la evolución de los costos de producción, los precios 
internacionales y también en muchos casos del mercado interno, no hay posibilidad cierta de
 que mejoras en la productividad de las empresas puedan compensarlos.

En tan difícil contexto, las medidas del gobierno nacional sobre el precio de los combustibles, cuya 
justificación no parece otra que “ayudar” a YPF, agravan a extremos un tema crucial para nuestra 
economía: el costo del transporte. Un aumento de 40% de naftas y gasoil en sólo seis meses implica un 
garrotazo sobre la producción agrícola, de la que son insumos insustituibles. Basta para calibrar la 
magnitud de este problema cuando se mide en cantidad de kilos de uva, litros de vino, kilos de aceitunas,
 ajos, o lo que sea, lo que hay que disponer para adquirir el gasoil para hacer funcionar el tractor,
 el camión o la camioneta, indispensables para el trabajo diario.

A estos costos se deben sumar otros que también se han ido convirtiendo en situaciones de difícil remoción.
 Sin duda una presión fiscal sin precedentes en la historia económica del país, hacen que el Estado sea el
 “socio” más caro de cualquier emprendimiento productivo. 

Además, el sistema tributario y de tasas es complejo, exige costos de servicios técnicos y desgasta 
las energías empresariales. Lo mismo ocurre con una maraña de regulaciones, también de los tres niveles 
estatales, que hace que empresas y productores individuales pasen mucho tiempo haciendo interminables
 y casi siempre inútiles trámites en dependencias públicas, siempre atestadas de empleados que 
esos mismos productores y empresarios pagan y que en vez de ayudarlos a ser más eficientes y productivos,
 lo único que hacen es poner cada vez más obstáculos. Basta escuchar lo que se dice en cualquier reunión 
empresaria para advertir el enorme desaliento que va ganando la voluntad del sector privado.

Ahora como era previsible, con el manejo de la política económica equivocada y contradictoria de una década,
 ha llegado la recesión, reconocida hasta por los propios datos del cuestionado Indec. Con inflación que se 
acerca a 40% anual y recesión, la posibilidad de aumentar el precio de nuestros productos sin afectar el 
consumo es mera ilusión. Las acciones voluntaristas del gobierno provincial y la introducción de la
 discordia, vieja y conocida, entre sectores de una misma cadena de valor, no sirven nada más que
 para agravar los problemas. Lo mejor que podría hacer el gobierno de la Provincia es levantar fuerte 
la voz ante el gobierno nacional, sobre el verdadero problema: la inflación. Pero claro, su alineamiento
 incondicional se lo impide.